Para el día 30 de junio, un día antes de la elección presidencial, varios grupos de la denominada “sociedad civil’’, entre ellos los integrantes del movimiento #YoSoy132, programan una marcha “en demanda de una elección transparente’’.

La legislación electoral prohíbe a los partidos políticos y sus candidatos realizar cualquier tipo de manifestación y declaración pública a partir del 27 de junio; la prohibición no aplica para “organizaciones civiles’’, aunque hayan expresado su simpatía por cual o tal candidato.

Aparentemente la idea es simplemente marchar, es decir, desfilar con pancartas y consignas, pero bien a bien la marcha podría convertirse en plantón si los organizadores deciden “esperar el resultado de la votación’’ ya sea en el Zócalo del DF o cualquier lugar emblemático.

Ahora imagínese ese escenario en 20 o 30 ciudades del país.

No es descabellado y, por el contrario, todo apunta a que ésa sería una forma mediante la cual los partidos —cualquiera— podrían evadir el costo político de tener secuestrado al país si los resultados de la elección no le son favorables.

Ayer el presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que Andrés Manuel López Obrador prepara el escenario para el conflicto poselectoral al afirmar que la elección será fraudulenta sin presentar ninguna prueba.

La pregunta es, ante el eventual caso de un conflicto poselectoral, ¿cómo actuará Marcelo Ebrard, que, a diferencia de Alejandro Encinas, quien facilitó la toma del centro de la ciudad, sí tiene aspiraciones presidenciales?

¿Dejaría Ebrard que el PRD y sus grupos secuestren Reforma e Insurgentes si el resultado no favorece a López Obrador? ¿Y qué hará Miguel Mancera, al que ya se ve como el sucesor de Ebrard?

No estamos lejos de conocer las respuestas.

 El que ha hecho bien su trabajo como negociador es el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien ha tejido fino para desactivar a los grupos más radicales, que siempre aprovechaban la campaña presidencial para ganar reflectores.

Usted no ha visto desfilar al Sindicato Mexicano de Electricistas, a Antorcha Campesina; vamos, ni siquiera se ha oído hablar nuevamente del EPR, tan dado a las furtivas pero efectistas apariciones por estos tiempos.

Bien.

 De los tres estados panistas que cambiarán de gobernador, Jalisco, Guanajuato y Morelos, sólo en el segundo el blanquiazul tiene oportunidad de conservar el poder.

En Jalisco la disputa está entre el priista Aristóteles Sandoval y el perredista Enrique Alfaro; en Morelos la pelea es entre el priista Amado Orihuela y el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu.

En Guanajuato el panista Miguel Márquez, que ha gozado del apoyo de todo el aparato estatal, es el único que tiene posibilidades de ganarle al PRI.

La pregunta es si mantener la gubernatura en manos del PAN le alcanzará al muy cuestionado ex gobernador Juan Manuel Oliva para aspirar a la dirigencia nacional del partido.

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