La semana pasada publicó Pablo Gómez un artículo incendiario sobre el fraude electoral de mañana. Abría con una afirmación rotunda: “Yo estoy seguro de que habrá fraude el próximo 1 de julio. Nunca ha dejado de haberlo en México”. A continuación decía que el fraude ya no se comete en las casillas, “sino fuera de ellas”, mediante “la compra y coacción del voto”. Y apelaba, según lo entiendo, a un saber compartido de la clase política: “Quienes actúan como ingenuos convenencieros pretenden negar lo que se sabe”.

Será verdad que nunca ha dejado de haber fraude, pero según lo que dice Pablo Gómez, éste no será como los de siempre —no será en las casillas—. Y creo que no es algo menor. Porque hasta hace unos años el problema eran precisamente las casillas, y las actas, y el recuento de los votos. Para eso se inventó el IFE. La idea del fraude electoral, tal como se manejó en el espacio público durante décadas, era bastante simple: voto por voto ganaba la oposición, pero en el resultado oficial siempre venía a ganar el PRI. Así me lo contaron a mí desde antes de que tuviera edad para votar. Se suponía que la gente votaba masivamente por los candidatos de oposición, pero después, durante el escrutinio, se falseaban los datos, se alteraban las actas, y resultaba ganador el candidato oficial. Adicionalmente, estaban las suplantaciones, las credenciales duplicadas, y todos los trucos que quepa imaginar, y contra los que hemos erigido una legislación electoral impenetrable.

Insisto: hasta hace poco, eso era el fraude. Alterar el resultado de la votación en las casillas. Meter votos de más, o hacer trampa a la hora de contar. Para impedirlo se creó el IFE, para que pudiésemos estar seguros de que los votos se contaban, que el resultado oficial coincidiría con el resultado material, y los números publicados coincidirían con las papeletas que depositaran los votantes en las urnas. Parece que tuvimos éxito. Incluso los líderes del PRD, en plena campaña para denunciar el fraude (el que viene), dicen que no se cometerá en las casillas. Algo hemos ganado.

Ahora bien: el fraude que señala Pablo Gómez consiste ya no en alterar la cuenta de los votos, sino la voluntad de los votantes. Y eso es mucho más atractivo como materia de discusión.

Empecemos por lo obvio. Dice Pablo Gómez que “se sabe” que eso sucede, que se distribuyen “toneladas de cemento, despensas y otros obsequios”. Explica también una extraña “operación tamal” que requiere retener a un grupo de votantes en una casa, darles de comer, llevarlos a votar de uno en uno, y que el primero se robe una boleta, y el último deposite dos. Y repetir eso miles de veces. Sí, yo también pienso que es rarísimo. Ahora bien: eso que “se sabe”, eso que “se hace”, tenemos que suponer que lo hace el PRD lo mismo que los demás partidos. A menos que tuviésemos suelta una secta de ángeles, y que la gente de Bejarano, Monreal, Batres y Padierna, se abstuviese virtuosamente de todo aquello que hacen los otros. Y no vamos a ser “ingenuos convenencieros”.

Sin bromas. No me cabe duda de que hay muchas formas de inducir el voto. Con costales de cemento, con desayunos, y con otras cosas. No me cabe duda de que el PRD recurre a ellas exactamente igual que el PRI o el PAN, es decir, siempre que puede. Algunas son directamente ilegales, otras sólo desagradables.

Lo que tiene de interesante la idea del fraude de Pablo Gómez es que supone que hay formas legítimas y formas ilegítimas de influir en los electores —y el fraude es en una influencia ilegítima, indebida—. El problema está en que una campaña electoral consiste precisamente en tratar de influir sobre la gente, e inducirla a votar por un candidato y no por otro, y no está claro cuándo o por qué ese empeño es ilegítimo.

Veamos. En un extremo está una campaña en que los candidatos ofrecen información cierta, verificable, objetiva, argumentan de buena fe y explican imparcialmente las alternativas, prometen cosas factibles, y los ciudadanos a partir de eso piensan, valoran, consideran sus convicciones y sus intereses, y votan. Nada que reprochar. La decisión es perfectamente libre, racional e informada. En el otro extremo, está el obligar a la gente, a punta de pistola, a votar por uno u otro. O usar recursos públicos para eso. Es ilegal, punto. Lo interesante está en el terreno intermedio: ¿y si el candidato dice mentiras? ¿Y si ofrece información parcial o falsa? ¿Y si oculta información que sería relevante? ¿Y si promete lo que no puede cumplir, a sabiendas? ¿No es fraude? ¿No es incidir de manera engañosa sobre la decisión de los electores? ¿Y qué pasa con una oferta concreta, que apela al interés particular: hacer un puente aquí, un tren, un puerto, una refinería…? ¿Es fraude? ¿Y si el interés particular es tan particular como el desayuno de hoy o la comida de mañana, o el bulto de cemento para terminar la casa?

Si se piensa un poco, detrás de la idea del fraude está la sospecha de que algunos votos valen más que otros, porque obedecen a intereses más elevados. Algunos son de convicción, los otros han sido “comprados”. Según yo, la discusión tiene su chiste.