El PRI tiene razón al afirmar que la actual alharaca de AMLO es para “alargar su carrera política”, pero se equivoca al calificarla de “agonizante”: en realidad, el empeño de AMLO en la “compra de votos” durante la pasada elección es el inicio de su campaña para 2018.

Vamos, hasta Ricardo Mejía, uno de sus cuatro abogados ante el Tribunal Electoral, admite que sus pruebas (una lonchera, cuatro comales, un par de sandalias de plástico, cinco abanicos, una cerda de escoba, un despertador…) son “mínimas”, pero “sabemos que hacen más presión”.

La lucha postelectoral de AMLO es por mantener su condición de líder máximo de ese conglomerado que él llama “las izquierdas” y del cual necesita seguir controlando los raudales de dinero que le han permitido permanecer en campaña desde el año 2000.

Dinerales en los que precisa seguir metiendo mano, como los presupuestos del DF (138 mil 43 millones 90 mil 119 pesos) y las delegaciones capitalinas, sobre todo las dominadas por su operador político René Bejarano.

Los bejaranos gobernarán Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco, cuyo presupuesto total es de ocho mil 406 millones 567 mil 488 pesos.

Además, están los presupuestos de otros territorios perredistas: Ciudad Neza (dos mil 554 millones 609 mil 168), Tabasco (34 mil 645 millones 300 mil), Morelos (17 mil 771 millones 790 mil), Guerrero (38 mil 186 millones 93 mil 300) y Oaxaca (46 mil 223 millones 297 mil 220).

¿Cómo nutrió AMLO su ininterrumpida campaña presidencial desde 2006, si no fue usando recursos públicos manejados por la izquierda, sobre todo los gobernantes más afines, como Clara Brugada, a quien colocó como delegada en Iztapalapa operando tres mil 130 millones 113 mil 60 pesos?

Por eso, el PRI anda cierto en la demanda contra AMLO en el IFE por el manejo de mil 200 millones de pesos en la campaña presidencial, provenientes de recursos públicos, mediante triangulaciones con asociaciones civiles como Austeridad Republicana y Honestidad Valiente.

Sin embargo, la estrategia de AMLO es a más largo plazo, sabido de que nunca prosperará la impugnación que solicitó ante el Tribunal Electoral para invalidar la elección, pues sus argumentos carecen de pruebas sólidas y suficientes.

De ahí que su siguiente paso, después de que el Tribunal Electoral valide el triunfo de Enrique Peña, antes del 6 de septiembre, será extender su demanda a organismos internacionales, los cuales tardan años en dictaminar sus sentencias: para él, mejor, pues lo que quiere es mantenerse vigente.

Otro de sus abogados, Jaime Cárdenas, adelantó ayer: “pensamos acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, agotar todas las instancias legales dentro, fuera del país”.

Es decir, mucho ruido, para que siga fluyendo el dinero.

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