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La impugnada Constitución

Obdulio Ávila

 

Con la aprobación de la Constitución de 1824 se establece el concepto de Distrito Federal como capital federal y sede de los Poderes de la Unión.

Durante 193 años la CDMX fue la única entidad federativa que no contó con una Constitución Política; la aprobación de la reforma constitucional, que permite contar con más atribuciones a sus órganos públicos y más derechos a sus habitantes, fue una aspiración de décadas, y el mérito de su concreción corresponde al gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Lograr una reforma constitucional para que el epicentro político, cultural, económico, social y jurídico tenga una mayor autonomía, cuando la historia reciente enseña que es el contrapoder del gobierno federal, es un mérito indiscutible. Las circunstancias y el talento deben conjugarse para que se obtenga lo que a los demás se les regateó.

Curiosidades para la historia que el primer o único doctor en derecho que gobernó la ciudad fue el que obtuvo la aprobación de la reforma constitucional federal y de la Constitución local.

La Constitución ha sido impugnada desde el origen, al aprobarse la reforma constitucional federal se cuestionó la integración del constituyente, y que no cumplía con los reclamos históricos sobre el marco jurídico para la ciudad. Impugnado fue también el derecho de iniciativa de los constituyentes; cuestionada fue la tardanza de la Asamblea en organizarse y al final en dictaminar.

En síntesis, cada etapa de la Constitución fue impugnada, cuestionada y sujeta a escrutinio de la opinión pública. Esto no debe preocuparnos, es saludable que el conflicto exista y también las vías para resolverlo. La unanimidad, el pensamiento único, sólo se exige en las dictaduras. El panista Carlos Castillo Peraza señalaba en los 90 del siglo XX: “El Estado no suprime los conflictos. Un Estado auténticamente democrático inventa los procedimientos que le permitan a los conflictos expresarse y seguir siendo siempre negociables. Ésta es la política del siglo XXI”.

En nuestro país toda norma jurídica aprobada en las entidades federativas, sea constitucional o secundaria, está sometida a lo prescrito en la Constitución Política federal. Por lo que el conflicto expresado en impugnaciones vía amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad debe ser resuelto en los canales diseñados para el Poder Judicial.

Lo que decidan los jueces, magistrados o ministros debe ser acatado por todos; se comparta o no la resolución judicial.

Sin embargo, políticamente es cuestionable que el PRI impugne la Constitución, porque, primero, se sobrerrepresenta para que el resultado electoral no lo anule, al integrar un Constituyente pinochetista con diputados designados, no electos, para que la votación en las urnas no lo desapareciera de la ciudad.

Segundo, el PRI constituyente aprueba la Constitución local; tercero el PRI, vía gobierno federal, bancada federal o de otros actores, igualmente priístas, impugna lo que sus correligionarios aprobaron.

Estamos ante el PRI de siempre, el simulador, el impugnador de los derechos de los capitalinos.

oam974@gmail.com
Twitter:
@ObdulioA




 
 
 
 
fecha 20 de marzo de 2017 00:34
ultima modificacion Ultima modificación: 21:45
autor Por: Obdulio Ávila
 
 
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