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La pelea entre los Cosío y los Riu le pegó a Cancún

Gerardo García

 

En ocasiones es así: un pequeño pleito se convierte en el Rosario de Amozoc. Una lucha entre particulares que, sazonada por intereses políticos y de grupos interesados, transmuta en un gran problema que amenaza, en este caso, el futuro del principal desarrollo turístico de este país.

Una raya más al tigre, pues.

La noticia es que un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Quintana Roo concluyó que es ilegal el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún, en vigencia hasta que esta sentencia sea notificada, luego de un juicio promovido por un grupo empresarial y algunas organizaciones civiles en contra del mismo. También, el magistrado anuló la licencia de construcción emitida por el Ayuntamiento de Benito Juárez –donde se encuentra el destino turístico- a favor del grupo hotelero Riu en un predio ubicado en Punta Nizuc.

La anulación del PDU de Cancún abre la posibilidad jurídica para que cualquiera pueda ampararse contra todos los actos administrativos realizados al amparo del PDU aprobado en la pasada administración municipal, incluyendo cambios de uso de suelo y autorización de licencias de construcción. Asimismo, detiene la posibilidad que cualquier proyecto se pueda realizar en tanto no habrá un ordenamiento legal en vigor. Un gran problema, pues.

El asunto es que el origen se encuentra en un litigio entre particulares. Luego que el gobierno federal vendió dos predios en los que se ubicaba la Casa de Visitas de Cancún a un grupo comandado por la familia Becker, estos después vendieron uno a la familia Cosío –los legendarios propietarios del legendario hotel Las Brisas- y el otro a la familia Riu, los propietarios de la cadena hotelera con mayor número de cuartos en destinos de sol y playa en México.

El asunto es que los Cosío construyeron un hotel segmentado al turismo Premium y de Plan Europeo; pocas habitaciones, todas del mayor lujo, con tarifas que no decrecen de los cuatrocientos dólares por noche. Los Riu, por su parte, buscan construir un hotel todo incluido de poco menos de 600 habitaciones en el predio contiguo. Lo que no gustó a Antonio Cosío, el presidente de la cadena hotelera Brisas, que comenzó ahí una batalla jurídica que hoy ha abierto una caja de pandora en el destino turístico más importante del país. Una en la que se involucraron organizaciones ambientalistas, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que encontraron en este litigio una veta de oportunidad para sus intereses. Mismos que se entremezclan con otros temas políticos que involucran a la clases política local.

Vendettas, pues.

El asunto es muy grave: anular el PDU, no significa sólo evitar que se construya un hotel, sino que se paralizaría el desarrollo de Cancún. Hablamos de hospitales, infraestructura urbana; mucho más de lo que se está planteando ahora. Una parálisis que resultaría sumamente costosa para el principal destino turístico del país. Abre la posibilidad de revocar licencias ya emitidas, de abrir puertas a conflictos jurídicos que detendrían el desarrollo y que golpearían la certidumbre jurídica en nuestro país, de por sí en entredicho.

Si el Grupo Hotelero Brisas no quería vecinos de menor calidad, pues simplemente hubiese comprado ese predio como se los ofrecieron en primera instancia. Pero esta batalla puede resultar en extremo costosa para mucho más que dos.

jgg0868@gmail.com




 
 
 
 
fecha 17 de mayo de 2017 01:29
ultima modificacion Ultima modificación: 14:54
autor Por: Gerardo García
 
 
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