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Línea 7 del Metrobús, disputa de intereses

Obdulio Ávila

 

La suspensión definitiva, otorgada por el juez octavo de distrito en materia administrativa, en el amparo promovido por la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, coloca en serios aprietos la conclusión de la obra en la Línea 7 del Metrobús, señalada para el 15 de octubre de este año.

Dos son los grandes problemas comunes en las ciudades y metrópolis mexicanas, agua y movilidad. La zona metropolitana del Valle de México y la Ciudad de México, no son la excepción.

Hacer ciudad, implica diseñar y ejecutar políticas públicas en materia de movilidad, que reduzcan los tiempos de traslado, sus costos; desincentive el uso del automóvil particular y mejore la infraestructura urbana.

Sin embargo, el trazo sobre Reforma, en el polígono correspondiente a Polanco y las Lomas, implicaba tres cuestiones previas de forzoso cumplimiento.

Primera, la estricta legalidad del proyecto, una sola falla menor, en la armazón jurídica, es una cavidad que provoca sismos o derrumbes totales del proyecto.

Segunda, el mapeo e involucramiento de los vecinos de la zona intervenida. Tercera, la socialización del proyecto en la ciudad, más allá de las colonias en las que pasa el Metrobús.

Nada de esto se cuidó, por eso existe una suspensión definitiva; desde la notificación del amparo, el gobierno debió prender las alertas y activar un eficaz cabildeo, en donde privaran los argumentos jurídicos y de movilidad.

Si existen dos colonias con un historial de luchas vecinales victoriosas y vecinos con recursos, conocimientos, tiempo y sentido de identidad barrial, son ésas. La decisión gubernamental ignoró o subestimó ese aspecto. No tejió una alianza con actor alguno de la zona.

La socialización llegó después, los defensores del proyecto se atrincheran en la bandera de la movilidad y los beneficios para una ciudad neurótica por el tránsito. Y salen bien librados en el tema ambiental.

Los detractores del proyecto barren a los defensores, con los argumentos de la legalidad, falta de participación vecinal y socialización del proyecto. Y le colocan la banderilla al gobierno, con la jugosa publicidad que estará en la línea, que implica la autorización de 898 marquesinas.

Es increíble que un gobierno que acumula derrotas en proyectos estratégicos, descuide los aspectos normativos, y olvide el trabajo comunitario, que le permita lograr consensos o contar con una sólida base social.

A pesar de contar con funcionarios capaces, ninguno ha dado una batalla en medios, que logre revertir que pierdan el debate. Los especialistas son arrinconados al carecer de formación jurídica, política, social o información sobre la demanda vecinal.

Pero, lo que de verdad está en la mesa, es una disputa de intereses; por un lado, los del gobierno que es una mezcla de política pública estratégica y un negocio no desmentido; por otro lado, los legítimos reclamos de los afectados, directamente con la obra; y los de Morena, que aprovechan cualquier decisión, para intentar convertirla en el Waterloo de Mancera.

oam974@gmail.com
Twitter:
@ObdulioA




 
 
 
 
fecha 19 de junio de 2017 00:03
ultima modificacion Ultima modificación: 20:55
autor Por: Obdulio Ávila
 
 
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